¿Facismo o sensatez?

Es clara en México la aversión que se tiene al uso de la fuerza pública, empañada por los fantasmas del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y la "guerra sucia" de los 70's. La mayoría de los mexicanos teme al uso de la fuerza pública porque la toman como una manifestación de autoritarismo inflexible y abuso de poder por parte del Estado. El mismo Estado teme la aplicación de dicha fuerza por miedo a generar un problema de legitimidad que ponga en entredicho al mismo Estado y lo lleve a un derrumbamiento o derrocamiento. Pero la razón de ser de todo este asunto y sus consecuencias va más allá del miedo o el rechazo.

Esta historia comienza con el movimiento estudiantil del 68 y las aspiraciones políticas de sus integrantes, quienes se atrevieron a desafiar al Estado e iniciaron un movimiento social nunca antes visto. Es claro para rodos la incomodidad y molestia que dicho movimiento generó en el Estado mexicano y sus mienbros, quienes con el fin de terminarlo de una vez por todas, recurrieron al uso de la violencia. La masacre en la Plaza de las Tres Culturas creó una mancha (aún peor que la tinta china) que nuestro gobierno sigue arrastrando hasta la fecha. Y parece estar tan arraigada que ni el mejor blanqueador político será capaz de quitarla.



¿Quién es el valiente que será capaz de enfrentar tal mancha sin temor a ser tachado de facista y autoritario? Hasta ahora no parece haber nadie dispuesto a ello. Todos, en mayor o menor medida, buscan eludir el uso de la fuerza pública para hacer valer la ley. Por un lado, podemos ver esto con una lente positiva. Contamos ahora con un gobierno más tolerante que permite a sus ciudadanos expresarse libremente y otorga una libertad política y participación ciudadana más amplias. ¡Felicidades! Dimos un paso más hacia esa meta añorada y altamente deseada de convertirnos en un Estado democrático ejemplar. Y cómo no, si México siempre está en constante progreso en este rubro. ¿O no?


Hemos estado tan cegados por esta "liberalización democrática" que no nos hemos detenido a observar las consecuencias que de ello han derivado. Y más ciegos aún porque al verlas las atribuímos a otros factores, los cuales en muchos casos están alejados de esa realidad. la consecuencia más directa y palpable es el crecimiento de la impunidad, y por lo tanto de la inseguridad, en la vida social y política de México. El Estado teme tanto el uso de la fuerza pública que ésta es prácticamente inexistente. Y si es inexistente, nadie nos detiene. Y si nadie nos detiene, ¿a quién temerle entonces? En otras palabras, nos encontramos dueños de un poder casi ilimitado.


Ese poder nos ha llevado a la creencia de que podemos transformar las protestas y manifestaciones en verdaderos circos fuera de la ley sin temor alguno. Nos creemos con la facultad de exceder los límites constitucionales y violar los derechos de terceros sin que seamos merecedore de castigo alguno. Mientras no exista un hecho violento como tal, nos consideramos intocables ante las autoridades, ya que de lo contrario las tachamos inmediatamente de represoras, antidemocráticas, anticonstitucionales, intolerantes, facistas, etc. Todo este pensamiento, surgido del miedo y la impunidad proveniente del mismo, es el que ha hundido a México en varias crisis sociales y políticas de gran magnitud. Como ejemplo están la huelga de la UNAM a fines de los 90's (con actores e intereses externos a la casa educativa), el movimiento del EZLN, la crisis de Oaxaca, el plantón en el Zócalo, Juárez y Reforma, los movimientos de los ambulantes, por mencionar sólo algunos. En todos ellos se cumple la misma fórmula: el miedo del Estado a usar la fuerza pública y el crecimiento del problema a niveles incontenibles, afectando a terceros y en algunos casos alejándose del propósito original.


En los casos mencionados anteriormente, el movimiento se inició bajo causas que buscaban un cmbio o mejora en algún aspecto social o político. La justicia de las causas de cada movimiento es un juicio que se reserva a cada individuo, aunque en lo personal no sienta que dichas causas hayan sido siempre justas. La huelga de la UNAM, por ejemplo, buscaba favorecer a los más pobres para que éstos pudieran seguir recibiendo educación, una causa justa y altruista vista desde esta perspectiva general. Sin embargio, al hacer un análisis más profundo de sus demandas, encontramos que éstas son (no encuentro otra palabra) estúpidas, y hasta risibles. Pedían que no aumentara la cuota de 20 centavos semestrales, que no hubiera límite en los exámenes extraordinarios y que tampoco se limitaran los años para concluir una carrera. Todas ellas son fácilmente rebatibles sin necesidad de estudiarlas más a fondo, ya que en una sola oración contienen la semilla de su destrucción. La primer es realmente risible, simplemente por la cantidad que menciona. ¿En serio afectaría tanto a la economía de una persona pagar poco más de 20 centavos por semestre? Gastamos cientos, y hasta miles de pesos, en cosas mucho más banales (ropa de moda, alcohol, cigarros, antro, aparatos eléctricos, CD's, accesorios para el carro, etc.) sin que nos importe en lo más mínimo. Pero a la hora de tener que pagar por nuestra educación, nos sentimos ofendidos y somos capaces de armar todo un movimiento social para impedir un aumento provechoso en una cuota meramente simbólica (no olvidemos que dicha cuota es voluntaria).


Por otro lado, las otras dos demandas, más que risibles, resultan indignantes, especialmente para alumnos de instituciones privadas o aquellos de instituciones públicas que realmente toman en serio lo que hacen. Sin olvidar, además, que son un reflejo de la pobre cultura del mexicano. Mientras un grupo de alumnos se exige (o es exigido) cumplir con sus obligaciones académicas de manera eficiente y en un tiempo adecuado, otro grupo busca, por medio de estas demandas, poder holgazanear a sus anchas sin tener repercusiones en sus estudios. Para quien se mata estudiando y se dedica en cuerpo y alma a pasar sus materias, resulta indignante que otros pidan el derecho a reprobarlas sin cargo de conciencia, ya que cuentan con posibilidades ilimitadas de exámenes para pasarlas en cualquier momento. ¿Qué dice esto de la calidad de la educación en México y de sus egresados? El juicio (seguramente duro) se lo reservo al lector.


Retomando el tema, este movimiento llegó a límites a los cuales no debería. La toma de las instalaciones provocó una crisis que afectó a los estudiantes que buscaba "ayudar" dicho movimiento. Un año de parálisis educativa en la mayor casa de estudios de México trajo no sólo una crisis educativa y social, sino el empañamiento de la imagen y prestigio de la UNAM. Debido a que el Estado temía profundamente el uso de la fuerza pública por la analogía extremadamente parecida con el 68, el movimiento desbocó en actos y hechos que se volvieron antoconstitucionales, como el privar a todos los alumnos de la universidad de su derecho al estudio.


En el 2006, con el plantón del Frente Amplio Progresista, se vivió una situación parecida, aunque en un contexto completamente diferente. Ahora, las demandas eran de carácter más político, ya que el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, alegaba que las elecciones presidenciales habían sido fraudulentas. Según el PREP, el candidato de derecha, Felipe Calderón Hinojosa, había sido declarado ganador al llevar la ventaja (mínima) en dicho conteo preliminar, hecho que fue confirmado más adelante por el IFE de manera oficial. Este evento suscitó gran revuelo en el ala izquierda de la política mexicana, la cual de inmediato declaró fraude en las elecciones. Bajo esta consigna iniciaron un plantón en la Ciudad de México, el cual abarcaba el Zócalo capitalino y las vías principales de Juárez y Paseo de la Reforma.



Luego de pedir el conteo voto por voto de todas las casillas y haber sido abierto sólo un pequeño porcentaje de las mismas (sin cambiar drásticamente los resultados), López Obrador se declaró presidente legítimo de México y organizó su propio aparato gubernamental para hacer frente al gobierno legal de Calderón. Uno de sus decretos como líder del movimiento y posterior "presidente legítimo", fue el de mantener lo que él llamó la "Resistencia civil", que consistía en mantener el plantón para hacer oír su voz. Y no sólo quedó ahí el movimiento, sino que aparte de ocupar y bloquear áreas y vías cruciales de la ciudad, bloquearon carreteras, tomaron la Cámara de diputados, trataron de sabotear el informe de gobierno y la toma de protesta de Calderón, entre otros.


Si bien las causas que abanderaba el FAP eran más justas, y a lo mejor hasta mejor justificadas que aquellas de los huelguistas de la UNAM, al final ambos movimientos derivaron hacia el mismo camino: el bloqueo de los derechos de terceros. Ya sea el derecho a la educación o al libre tránsito, los derechos de muchas personas fueron bloqueados por estos movimientos de "justicia social". Y es en este momento donde entramos al gran dilema. ¿Usar o no usar la fuerza pública? He ahí la cuestión. Por un lado tenemos un movimiento que es pacífico (aunque la huelga de la UNAM no lo fue tanto) que sólo reclama sus derechos y piden ser escuchados. Por otro lado, tenemos un movimiento social que ha crecido más allá de sus límites saludables y requiere ser contenido por el bienestar social. Sin embargo, bajo la luz del 2 de octubre preferimos dejarlo ser. ¿Que nos acuse de facistas y violentos por usar la fuerza pública? No gracias, paso.


En ambos casos, la autoridad se niega a tomar cartas en el asunto y detener dichos problemas, ya que vive bajo la sombrea del 2 de octubre y teme que el uso de la fuerza pública genere descontento en la población y lleve al gobierno a una crisis de legitimidad. Resulta más fácil (y más seguro) por otro lado, mantenerse al margen del conflicto hasta que éste amaine al punto en que se pueda usar la fuerza pública. Por un lado, porque el conflicto ha bjado de intensidad y existen menos riesgos de enfrentamientos, por otro lado, la sociedad ya harta del conflicto pide a gritos la intervención de la fuerza pública.


Parece a simple vista una fórmula sencilla que le evitará al gobierno meterse en problemas por usar la fuerza pública. Sin embargo, lo único que realmente ocasiona es una pérdida de autoridad por parte del gobierno. Como vulgarmente se dice, se le trepan hasta las barbas, y una vez arriba es imposible bajarlos. Y ahora ya no es sólo por el miedo, sino también por el auge de la libre interpretación de los Derechos Humanos.


Fuera de su contexto adecuado, los Derechos Humanos han sido usados muchas veces para justificar dichos movimientos y dejar que se salgan de control. La participación ciudadana en la defensa de los Derechos Humanos se ha tergiversado demasiado, al límite de que los delincuentes los usan para evitar ser arrestados. Si el uso de la fuerza pública en algo tan simple y completamente respaldado por las leyes, como el arresto de un delincuente, es causa de controversia en el tema de los Derechos Humanos, ¿cuánto más no lo va a ser un tema con tantas lagunas y ambigüedades legales como una manifestación o movimiento civil? El menor signo de uso de la fuerza pública trae a flote el grito de guerra de los defensores de dichos derechos. Y bajo un escudo como éste, el movimiento se ampara para continuar vigente y cometer toda clase de atropellos a los derechos de terceros. Entonces el gobierno, queriendo ser un gobierno "benevolente, democrático y respetuoso", permite la escalada del conflicto más allá de lo que debería. Y quienes pagamos los platos rotos somos todos aquellos ajenos al movimiento social.


El menor de los problemas es el crecimiento incontrolado de dichos movimientos, ya que hasta cierto punto no afectan a la sociedad en general. El verdadero problema no es la forma, sino el fondo, es decir, la impunidad que ha crecido en el país. Alejándonos un poco del tema de los movimientos sociales, llegamos al tema de la delincuencia e inseguridad. La falta de aplicación adecuada de la fuerza pública ha traído consigo, más allá de la generación de movimientos violentos, un crecimiento en la inseguridad pública, delitos, ejecuciones, etc. Sin la presencia de un gobierno fuerte, todos aquellos que operan fuera de la ley tienen entonces el campo libre.


Ya no se trata sólo de robos o delitos menores que quedan impunes, sino que llega hasta altos niveles del gobierno, corrupción, estafas, asesinatos, linchamientos, narcotráfico, secuestro, trata de blancas, e infinidad de delitos más. Vivimos en México un ambiente de inseguridad generado por la falta de fuerza pública que mantenga el orden. Si bien hay otros factore como corrupción al interior de la policía y falta de preparación de sus miembros, mucho tiene que ver también que sus apariciones reales son ya realmente pocas. ¿Cómo podemos esperar tener un cuerpo policíaco preparado si pocas veces se hace uso del mismo? La corrupción e impunidad han llegado a niveles tan altos que en muchos casos nos queda únicamente la opción de defendernos nosotros solos.


Hay que reconocer también que el mero uso de la fuerza pública no será la solución mágica, aunque sería un buen inicio. Ante todo, es importante aplicar dicha fuerza de manera racional, de forma que prevenga al crecimiento de conflictos y los contenga sin derivar en actos violentos. Debe romperse el cliché donde fuerza pública es sinónimo de brutalidad policíaca y abuso de autoridad. Ante eventos como el del FAP, que fueron pacíficos, el uso de la fuerza pública debe limitarse a contener el movimiento dentro un área limitada, por un tiempo limitado, y evitar que se torne violento. En casos como el del CGH o de algunos ambulantes, la fuerza pública debe limitarse a someter a los participantes violentos y disolver el movimiento de manera pacífica. En casos más extremos, como el levantamiento del EZLN y otros movimientos más violentos o que pongan en peligro la integridad y seguridad de la nación, deben ser los únicos en los que la fuerza pública tenga el derecho del uso legítimo de la violencia en toda su extensión.


La sociedad es como un niño que, al no ser castigado nunca, se vuelve berrinchudo y hará lo que sea por obtener lo que quiere. Si se le corrige y educa, entonces tendremos un niño respetuoso y maduro qué sabrá actuar en cada situación. El problema aquí recae en le hecho de que al ser un niño mimado, se se le castiga por primera vez entonces el niño se rebelará. Si el gobierno decide finalmetne aplicar mano dura, entonces la sociedad lo verá como una ofensa y se levantarán contra el gobierno en más marchas y movimientos, algunos incluso realmente violentos. ¿Qué hacer entonces?


Todo buen psicólogo, pedagogo y educador, recomendaría al padre mantenerse firme e imponer la autoridad que le corresponde. Lo mismo debe hacer entonces el gobierno con la sociedad. Imponiendo su autoridad nuevamente es como logrará controlar a la sociedad e iniciar el retroceso en el crecimiento de la impunidad. Será un gobierno más democrático que el que predican los integrantes de los movimientos sociales, pues no sólo les dará el derecho a manifestarse, sino que vigilará que dichas manifestaciones no interfieran con los derechos de otros. Si bien al inicio puede resultar difícil que el gobierno retome el control adecuado de la fuerza pública y la sociedad lo acepte, no queda otro camino.


México ahora, más que nunca, requiere de un gobierno fuerte que sea capaz de tomar las decisiones adecuadas sin temor a la opinión de la sociedad. México ahora, más que nunca, necesita el uso de la fuerza pública en todas sus formas para salvaguardar el orden, la seguridad e integridad de la nación. Es hora de romper con el paradigma del gobierno "tolerante" y miedoso y sustituirlo por el de un gobierno que, si bien respeta los derechos de los manifestantes, no tolerará actos indignos que atenten contra el resto de la sociedad. Es hora de que el gobierno retome el papel que le corresponde y recupere su autoridad perdida. ¿Facista? Tal vez, depende de tu punto de vista. Pero preferible eso a soportar idiotas que nos afectan a todos.